miércoles, 6 de junio de 2007

La gerenciadora

Según el Boletín Oficial de la Nación, la empresa gerenciadora de Racing Club de Avellaneda se constituyó formalmente el 21/07/2000. Asimismo, los únicos socios que figuran en el estatuto avalado por el escribano Marcelo Roque Cleris, son Fernando Alfredo Marín (L.E.: 4294719; CUIT: 23-04294719-9, domiciliado en Avenida Madero 940, piso 13º); Carlos Honorio Mocorrea (D.N.I.: 14393535; CUIT: 20-12639453-6, domiciliado en Vuelta de Obligado 2178) y Fernando Enrique Carlos De Tomaso (D.N.I.: 16639453; CUIT: 20-12639453-6, domiciliado en Salguero 2835).

A poco más de cinco meses de su creación e inscripta el 08 de Agosto de 2000 en la Inspección General de Justicia (IGJ) bajo el nº 11616, el 29 de diciembre de 2000, Blanquiceleste S.A. recibió de parte del Juez Enrique Gorostegui la administración de Racing por espacio de 10 años, con opción por otros cinco y luego, otros cinco.

De cumplirse esto, la empresa de De Tomaso podría encargarse de la Academia hasta el 2020. Según un artículo publicado en “Clarín” el 30/12/2000, la firma por ese entonces dirigida por Marín se comprometió a pagar el pasivo del club –casi 60 millones de dólares- en ocho años a cambio de quedarse con todos los ingresos económicos que genera el fútbol. También aseguró que invertiría anualmente 18 millones para el plantel profesional y las inferiores.

Lo curioso es que en sus inicios Blanquiceleste S.A., según lo declarado ante la justicia, solo contaba con $12.000 de capital social para hacer frente a tamaña deuda.

Asimismo, en una nota publicada por “Página 12” en el mes de enero de 2001, se asegura que los principales acreedores de Racing en ese momento eran: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Daniel Lalín y varias empresas del “Grupo Clarín”. Lo llamativo de esto es que de los $8.106.256.80 que reclamaba inicialmente, la AFA se conformó con solo $2.343.923.30. Ésta información es relevante si se enmarca en un complicado cuadro de relaciones e intereses que reúnen al jefe de la AFA, Julio Grondona y Fernando Marín.


Pero, más allá de que las conexiones extra futbolísticas entre el máximo jefe de la AFA y el de Blanquiceleste resulten interesantes, al parecer, la causa Racing se convirtió en Asunto de Estado Nacional. Por eso, en una entrevista radial, el Presidente Néstor Kirchner aseguró: “Me parece que mi amigo Fernando (Marín) tiene algunas cosas por cambiar y yo estoy al borde de pasarme a la oposición”.

Con un plazo de 99 años a partir de su inscripción, al primer directorio de Blanquiceleste lo formaron: Presidente Fernando Marín, Vicepresidente Fernando De Tomaso; Director Suplente Carlos Mocorrea. Luego de cuatro aumentos de capital social que, de acuerdo al informe del Boletín Oficial, en la actualidad asciende a $60.500, el 15/06/2006 se realizó la última modificación del directorio, ahora compuesto por: Presidente Fernando De Tomaso; Vicepresidente Mercedes De Tomaso; Director Suplente Jorge Luís Silva.

De todas formas, los recién mencionados no están solos en el mundo Racing. Los siguen muy de cerca los otros accionistas mayoritarios que, según publicó “Página 12”, son: “off shore Elmtree Investment Company Limited” y “Bergo Anstalt”, con sedes en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes y Liechtenstein, respectivamente. Cabe destacar que la primera, además de poseer el 48% de las acciones de Blanquiceleste S.A., pertenece al multimillonario Jeque etíope Mohammed Hussein Al Amoudi, investigado por lavado de dinero.

En éste punto es necesario hablar del hombre que dirige el destino de Racing desde un escritorio judicial. Sobre Enrique Gorostegui, el mismo que “La Nación” señala como responsable de permitirle Jugar durante la quiebra, recae un pedido de juicio político. Sin embargo, maneja al club desde su despacho en el Juzgado Civil y Comercial Nº 16.

El Juicio político lo pidió el abogado Norberto Pontoriero, uno de los co-redactores de la Ley 25.284, también denominada “Régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas y fideicomiso con control judicial”. O sea, la misma norma que el denunciante le atribuye haber violado a Gorostegui. Al respecto, el letrado afirmó que los cargos contra el juez están comprendidos en los artículos 20, 21, 23, 24 y 25 de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

Teniendo en cuenta las explicaciones precedentes, surge un dato más que curioso. Blanquiceleste S.A. y el órgano fiduciario designado por Gorestiegui están investigados, por administración fraudulenta, desde el verano de 2004 por la UFI Nº 7 de Lomas de Zamora, la AFIP y Personas Jurídicas de La Plata.

A todo lo anteriormente explicado, se suman las denuncias realizadas por SARCAC (Socios Autoconvocados de Racing Club, Asociación Civil).Entre las imputaciones más importantes, esta entidad acusa a la Cámara Civil de La Plata de cometer irregularidades en favor de Blanquiceleste.

Además de asegurar que, a partir de la reforma del estatuto, el club no recibe porcentaje de las cuotas sociales, SARCAC asevera que Racing, estando aún en quiebra, recibió el traspaso de más de 200 empleados de Blanquiceleste S.A. Con ésta maniobra, la empresa ahorró las cargas sociales del personal, poniendo en riesgo a la institución, no solo por el estado en que se encontraba sino también por la posible responsabilidad en un supuesto delito de evasión impositiva.

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